Las amenazas contra líderes de la FARC agravan situación de excombatientes

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Las amenazas de muerte a líderes del partido FARC denunciadas este miércoles ante la Fiscalía colombiana enturbian aún más el panorama del acuerdo de paz y especialmente de los exguerrilleros que dejaron las armas, de los cuales al menos 140 han sido asesinados desde noviembre de 2016.

La denuncia la presentó el senador Julián Gallo, conocido en su época de guerrillero como “Carlos Antonio Lozada” y que en la actualidad es uno de los líderes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).

Gallo, que es un acérrimo defensor del acuerdo de paz con el Gobierno que transita hacia su tercer año, dijo tener “unos mensajes de texto” amenazadores que lo motivaron a llevar el caso a las autoridades para evitar que la ola de asesinatos de excombatientes rasos alcance también a los jefes de la antigua guerrilla.

“Vinimos a denunciar ante la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía acerca de unos mensajes de texto que han circulado y que a nuestro modo de ver de alguna manera evidencian que pueda haber un plan para atentar contra los dirigentes del partido FARC”, dijo Gallo a periodistas.

El objetivo de su denuncia es que se abra una investigación en la que se pueda determinar cuál es el origen de los mensajes y qué es lo que buscan los remitentes “con esos textos”, en los que “hay nombres muy precisos” de los líderes del partido amenazados.

El senador no quiso revelar los nombres que aparecen en las amenazas o el detalle de las mismas porque, según dijo, es un asunto de competencia de la Fiscalía.

Estas amenazas se dan en medio de una complicada situación en la que la lista de excombatientes asesinados sigue creciendo día a día y ya llegó a 140, a los que se deben sumar los 31 homicidios de familiares de antiguos miembros de la guerrilla, añadió Gallo.

La secuencia de homicidios trae a la memoria el exterminio del que fue objeto la Unión Patriótica (UP), un partido que se creó en 1985 como parte de un intento de acuerdo de paz de las FARC con el entonces presidente colombiano Belisario Betancur (1982-1986).

En los años siguientes a la creación de la UP fueron asesinados más de 4.000 de sus militantes, incluidos los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal (1987) y Bernardo Jaramillo Ossa (1990).

Por esta situación muchos de los miembros de ese partido se exiliaron y regresaron al país en los últimos años gracias al acuerdo de paz, que se firmó el 24 de noviembre de 2016.

Es por ello que el senador Gallo lamentó que el Estado no haya logrado garantizar la vida de quienes firmaron la paz, pues denunció también que hay “una serie de amenazas que han generado el desplazamiento” de los exguerrilleros de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), en donde los excombatientes completan su regreso a la sociedad.

También condenó que el programa de seguridad para los exlíderes de las FARC, a cargo de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que depende del Ministerio del Interior, esté fallando.

“Nos comunicaban los compañeros de la mesa técnica de seguridad, que es la instancia que está adscrita a la Unidad Nacional de Protección y tiene a cargo la seguridad nuestra, que el programa viene fallando, entre otras cosas, porque a veces los vehículos no tienen ni siquiera el combustible para moverse”, detalló.

No obstante, el exlíder guerrillero insistió en que la FARC está comprometida con la paz y afirmó que el mejor ejemplo de ello es que este miércoles el partido presentó una denuncia ante la Fiscalía.

“De eso se trata la paz, se trata de que todos los colombianos podamos vivir en el marco de la institucionalidad, y en el acuerdo lo que nosotros pactamos es que hacíamos la dejación de las armas porque el Estado estaba en capacidad de garantizar la vida de todos los colombianos, incluidos los que firmamos la paz, y eso es lo que estamos exigiendo, que el Estado cumpla con esa obligación constitucional”, reflexionó.

Las denuncias ocurren en un momento complejo para el proceso de paz luego de que el martes el exlíder de las FARC Seuxis Paucias Hernández, alias “Jesús Santrich”, dejó plantada a la Corte Suprema de Justicia que lo había citado a indagatoria en un proceso por narcotráfico y que por su ausencia dictó una orden de captura en su contra.

El proceso contra Santrich y por el cual es pedido en extradición por EE.UU. es por un supuesto delito de narcotráfico cometido después del 1 de diciembre de 2016 cuando entró en vigor el acuerdo de paz.

Sin embargo, en mayo pasado la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le concedió al exjefe guerrillero la garantía de no extradición con el argumento de que las pruebas aportadas por Estados Unidos eran insuficientes y el caso pasó a la Corte Suprema que debe definir su situación.

Santrich, que el 11 de junio pasado asumió el escaño en la Cámara de Representantes para el cual fue indicado por el partido FARC, dejó plantados a los escoltas de su esquema de seguridad oficial el pasado 29 de junio y desde entonces se desconoce su paradero.

Al respecto, el presidente colombiano, Iván Duque, insistió este miércoles en que la conducta del exlíder de las FARC es la de “un criminal”.

“La conducta de Santrich muestra la conducta de un criminal, porque esa burla a la justicia, esa burla a las autoridades, esa burla al país y a las víctimas no puede ser permitida”, aseveró el mandatario. EFE