ONG brasileñas manifiestan temor por vigilancia de Gobierno y piden diálogo

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Unas 50 organizaciones no gubernamentales (ONG) que actúan en Brasil manifestaron hoy su preocupación por el anuncio del Gobierno de que “vigilará” sus actividades y pidieron diálogo con voceros del nuevo presidente, el ultraderechista Jair Bolsonaro, para revertir esa amenaza.

La petición consta en una carta que estas organizaciones, entre las cuales están algunas conocidas como Conectas, Oxfam Brasil, Instituto Sou da Paz, Transparencia Brasil e Instituto Socioambiental (ISA), enviaron este miércoles al ministro de la Secretaría de Gobierno, el general de la reserva del Ejército Carlos Alberto dos Santos Cruz.

El oficial, un importante colaborador de Bolsonaro, será el responsable por “monitorear” la actuación de las ONG, según quedó establecido en el decreto firmado por el ultraderechista el 2 de enero pasado, un día después de asumir la Presidencia.

La carta con una petición de diálogo también fue dirigida a los presidentes de la Cámara Baja, el diputado Rodrigo Maia, y del Senado, Eunicio de Oliveira, y a la procuradora general de la República, Raquel Dodge.

“Fue con profunda preocupación que las organizaciones de la sociedad civil recibimos la publicación del decreto ejecutivo que atribuye a la Secretaría de Gobierno la responsabilidad de ‘supervisar, coordinar, monitorear y seguir las actividades y las acciones de los organismos internacionales y de las organizaciones no gubernamentales'” en Brasil, afirman las entidades.

Las ONG, en su mayoría defensoras de derechos humanos, ecologistas y de combate a la violencia y la corrupción, alegan que la existencia de una sociedad civil plural, actuante y autónoma es esencial para la democracia.

“Preservar la autonomía de la actuación de las organizaciones no gubernamentales es, por lo mismo, fundamental para el desarrollo de una sociedad abierta y efectivamente democrática”, agregan las entidades tras recordar que la Constitución veta cualquier interferencia estatal en el funcionamiento de asociaciones.

Según las entidades firmantes de la declaración, Brasil ya cuenta con un Marco Regulador de las Organizaciones de la Sociedad Civil para fijar las normas de actuación de las ONG y que hace innecesario una interferencia estatal.

“En cuanto las medidas establecidas por intermedio de un decreto ejecutivo entren en choque con dispositivos de la Constitución es imprescindible que sean respetadas las de mayor jerarquía, que en este caso son los preceptos constitucionales que vetan la interferencia directa del Gobierno en la libre organización de la sociedad civil”, agregan.

Las organizaciones afirman que la legislación establece que sus conductas pueden ser fiscalizadas y que pueden ser sancionadas si violan la ley, pero tan sólo por el Poder Judicial, “único poder que puede determinar la suspensión de actividades o incluso el cierre de una organización tras el cumplimiento del debido proceso legal”.

Agregan que, ante la declaración pública de Santos Cruz de que su despacho está de puertas abiertas para dialogar con la sociedad civil, quieren una audiencia con el ministro para discutir sobre las medidas necesarias para que el cuestionado decreto sea “rectificado” y enmarcado dentro de la Constitución.

Desde su victoria en las elecciones presidenciales, Bolsonaro ha adoptado un discurso crítico para con las organizaciones no gubernamentales y ha anunciado su intención de supervisarlas para fiscalizar el uso de los recursos públicos que reciben.

De acuerdo con datos del estatal Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (IPEA), en Brasil actúan cerca de 820.000 organizaciones no gubernamentales con diferentes fines, principalmente la defensa de las libertades individuales pero también para mejorar las condiciones de salud y educación del país. EFE